miércoles, 24 de septiembre de 2008

La persecución a los patriotas.



Aunque los primeros actos de gobierno de Osorio dieron la impresión de que deseaba evitar persecuciones consiguientes a toda reacción, luego pudo observarse que se dejaba guiar por las instrucciones del virrey del Perú y por los realistas exaltados. Estos últimos estaban convencidos de que la Calma del país era sólo aparente y que se debía tomar medidas extremas que cortasen para siempre todo germen revolucionario.


1) Creación de tribunales de vindicación.


El gobernador ordenó que los cabildos cuyos miembros habían sido designados por él quedarían constituidos en tribunales políticos ante los cuales debían acudir todos los habitantes del reino a probar que no habían incurrido en falta alguna contra el soberano, a fin de poder conservar sus empleos o verse libres de la represión. Ni los propios miembros de los cabildos fueron exceptuados de tal obligación.


2) Relegaciones a Juan Fernández.



Aunque los patriotas más comprometidos en la revolución habían emigrado ya a Mendoza, quedaban en el país algunos que por diversas circunstancias no lo habían hecho. Todos éstos fueron apresados, enviados a Valparaíso y embarcados para la isla de Juan Fernández, con el objeto de procesarlos.


Entre ellos se contaban ancianos patriotas como don José Antonio de Rojas, don Juan Enrique Rosales, don Ignacio de la Carrera, don Manuel de Salas y don Juan Egaña; los presbíteros José Ignacio Cienfuegos y Joaquín Larraín; el ex director Lastra, don Mariano Egaña, don Pedro José Prado Jaraquemada, don Martín Calvo Encalada, don Francisco Antonio Pérez, don José Santiago Portales, don Agustín Eyzaguiyre, don Diego Larraín, don Juan Antonio Ovalle, don Manuel Blanco Encalada, don Pedro José y don Juan Miguel Benavente, don Luís de la Cruz y don Isidoro Errázuriz.

3) Empréstitos forzosos, contribuciones extraordinarias y secuestros de bienes.


Aunque había caído en manos de los realistas una parte considerable del tesoro sacado de Santiago por Carrera, pronto el gobierno de Osorio se halló escaso de dinero y hubo de recurrir a diversos arbitrios para procurárselo. Tales fueron los empréstitos forzosos y las contribuciones extraordinarias, que levantaron airadas protestas y no lograron producir lo que de ellas se esperaba, dada la pobreza general y la carencia de educación tributaria.

Como en la legislación vigente la confiscación de bienes era una de las penas con que se castigaba el delito de rebelión contra la autoridad real, fueron confiscadas las casas, chacras, haciendas y minas de los individuos comprometidos en la revolución, a fin de darlas en arriendo en subasta pública. La mayor parte de esas propiedades quedaron, sin embargo, sin arrendarse, sea porque se creyese que la situación no podía durar largo tiempo o porque en realidad no hubiese interesados.

4) Asesinatos en la cárcel de Santiago (1815).


Osorio había prometido no atentar contra la vida de nadie. Sin embargo, los españoles del batallón de Talavera, que tenían a su cargo el servicio de policía de Santiago, no tardaron en perpetrar un verdadero crimen en la cárcel de la ciudad.


Estaban encerrados en ella varios patriotas de posición mucho más humilde que la de los magnates confinados a Juan Fernández. Se les hizo concebir la esperanza de hacer una revolución con el auxilio de las mismas tropas que guarnecían a Santiago, y las cuales, según se les decía, estaban dispuestas a sublevarse. Una mañana, cuando los presos esperaban que sus falsos amigos vinieran a abrirles la puerta de su calabozo, penetraron quince o veinte soldados españoles, y desenvainando sus sables, cargaron sobre los indefensos prisioneros para consumar la más inicua matanza.


Dos de los presos fueron asesinados en el momento; otros quedaron cubiertos de heridas. Para justificar aquel crimen, las autoridades realistas hablaron de una gran conspiración descubierta, y colgaron en una horca plantada en la plaza los cadáveres de las víctimas (6 de febrero de 1815).

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