miércoles, 24 de septiembre de 2008

El gobierno de Casimiro Marcó del Pont



Se intensifica la represión.

La victoria de Rancagua y la pacificación del reino hicieron pensar a los realistas de Chile que el hombre indicado para el gobierno del país era el general Osorio, por lo cual solicitaron del rey le confirmase en el cargo.


Mas el virrey Abascal, que gozaba en la corte de inmenso pres­tigio por los servicios prestados a la causa realista y desconfiaba de la obediencia de Osorio, lo había indispuesto ante Fernando VII anu­lando así de antemano las gestiones de los súbditos de Chile. El so­berano lo reemplazó por el mariscal de campo don Francisco Marcó del Pont.


Marcó del Pont era originario de Galicia. Sus servicios durante la invasión francesa primero, y, más tarde, su adhesión incondicional a la reacción absolutista de Fernando VII le valieron el cargo de gobernador de Chile.


Hombre aficionado al lujo y a la pompa, Marcó quiso deslum­brar a sus gobernados como hasta entonces no lo hubiere hecho nin­gún otro gobernador. Trajo un numeroso séquito de criados y servi­dores, y más de ochenta baúles y cajones de equipaje. Encabezó to­dos sus bandos y decretos con la totalidad de sus apellidos y títulos, haciéndose llamar "don Francisco Casimiro Marcó del Pont Ángel Díaz y Méndez, caballero de la orden de Santiago, de la real y mili­tar de San Hermenegildo, de la Flor de Lis, maestrante de la real de Ronda, benemérito de la patria en grado heroico y eminente, ma­riscal de campo de los reales ejércitos, superior gobernador, capitán general, presidente de la real audiencia, superintendente, subdelegado del general de la real hacienda y del de correos, postas y estafetas, y vicepatrono real de este reino de Chile. . ."


Inició su gobierno con suavidad y benevolencia; pero ante las primeras dificultades se ofuscó y cayó en el sistema opuesto.


1) Creación del tribunal de vigilancia.


Mediante diversos ban­dos, Marcó del Pont ordenó recoger las armas que se hallasen en po­der de particulares y prohibió su libre circulación dentro del país, todo esto bajo la amenaza de la horca, que fue plantada en la plaza de armas.


Luego creó un tribunal de vigilancia y seguridad pública desti­nado a dominar los desmanes de la plebe y castigar todo conato de revolución, bajo las penas de muerte, de mutilación y de expatria­ción. Presidente del tribunal fue designado el ya famoso capitán del batallón Talavera don Vicente San Bruno, a quien los asesinatos de la cárcel de Santiago habían dado una terrible celebridad. Las prisiones se hacían por simples delaciones y por procedimientos ve­jatorios: como la oscuridad de las calles facilitaba la fuga de los detenidos, se les obligaba a bajarse los pantalones hasta los tobillos, y allí se les ataba con un pañuelo o con una cuerda a manera de grillos, haciéndoseles avanzar con una vela encendida en la mano, hasta llegar a la sala del tribunal, donde eran interrogados por el juez de turno. Sin embargo, es justo reconocer que los procesos terminaban corrientemente con la absolución, con la condena al pago de una multa o a trabajar un corto tiempo en las obras públicas, según cual fuese la condición social del delincuente.


2) Los procesos de Juan Fernández.


Los procesos de los patrio­tas confinados en Juan Fernández habían quedado paralizados bajo el gobierno de Osorio en espera de un indulto solicitado al monarca. Marcó ordenó proseguirlos y aunque luego recibió la cédula de indul­to concedida por Fernando, aplazó su cumplimiento no obstante la aflictiva situación en que se hallaban los favorecidos. Estos sólo recuperarían la libertad después de Chacabuco.


Descontento público y alarmas del gobierno realista.


Entre­tanto, el espíritu revolucionario, que en los primeros tiempos de la reconquista había aparecido muy amortiguado, comenzaba a renacer tanto en las clases altas como en las bajas. Estas últimas, sobre todo, terminaron por cobrar tal odio a los soldados del batallón Talavera que ninguno de éstos podía alejarse solo de su cuartel sin ser apedrea­do, cosido a puñaladas o arrojado por el puente del Mapocho.


Por otra parte, los agentes que enviaba San Martín a través de la cordi­llera fomentaban el espíritu de sedición en pueblos y ciudades, pre­parando así el terreno para su proyectada invasión de Chile. A esto débase agregar la alarma que producía en los hombres de gobierno la noticia de que en Buenos Aires se organizaba una expedición de corzo a los mares de Chile, los preparativos militares que hacía San Martín en Mendoza y la acción de las guerrillas que se formaban ya en los campos de la región central.


Todo ello indujo a Marcó a poner el reino en estado de defensa, tanto contra las amenazas del exterior como frente a los peligros internos. Hizo recoger las armas que había en poder de particulares, ordenó la construcción de dos fortalezas sobre el cerro de Santa Lucía para imponer respeto a la ciudad, prohibió las diversiones po­pulares y las fiestas de carnaval para evitar aglomeraciones de la ple­be, medidas todas que sólo sirvieran para acrecentar la impopularidad del régimen español.


Sintiéndose en medio de un ambiente que se hacía más y más hostil, Marcó terminó por desconfiar hasta de los americanos que militaban en el bando realista, posponiendo en el ejército y en la ad­ministración a los criollos y señalando con un marcado favoritismo a los españoles. El asesor y auditor Rodríguez Aldea, que se había mostrado conciliador y complaciente con los patriotas, cayó en des­gracia y fue remplazado en sus cargos por los doctores Juan Fran­cisco Meneses y Prudencio Lazcano, que aunque chileno el uno y argentino el otro, eran realistas intransigentes.


Los jefes de los cuer­pos chilenos fueron sustituidos por simples oficiales españoles a los cuales se les confirieron rápidos ascensos, en particular a los del Talavera, cuerpo favorito del gobernador.